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Procuraduría da otro duro golpe a la trata de personas y la explotación sexual

Como resultado del plan que implementa para enfrentar la trata de personas, el proxenetismo y la explotación sexual en el país, la Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló una red que se dedicaba a esas actividades ilegales, arrestó a una pareja de esposos que la dirigía y clausuró el establecimiento El Ejecutivo Café Bar, del sector Alma Rosa, donde fueron rescatadas unas 20 mujeres víctimas de esos delitos.

Los detenidos fueron identificados como Julio Oscar De La Rosa Ávila, alias Julio, y su esposa, la señora María Cristina Ortiz de la Rosa, quienes serán sometidos a la justicia en el distrito judicial de Santo Domingo Este y se solicitará en su contra la imposición de medidas de coerción, consistente en prisión preventiva.

La Procuraduría General de la República destacó que este es el primer caso donde se imputa el lavado de activos producto de la práctica de prostitución como negocio, en el municipio de Santo Domingo Este

Al ofrecer los detalles del desmantelamiento de esta red, con la cual acaba de dar otro duro golpe a las estructuras de la criminalidad organizada, la PGR detalló que forma parte de las acciones y estrategias contra esos flagelos puestas en marcha por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, para lograr mejores resultados en la lucha contra esos delitos.

La operación fue ejecutada por la Fiscalía de Santo Domingo Este bajo la coordinación del fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo, labores que fueron realizadas a través del Departamento de Investigación de la Criminalidad Organizada con el apoyo de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público.

Explicó en ese sentido, que las labores fueron realizadas durante allanamientos simultáneos, practicados mediante orden judicial, en distintas zonas del municipio Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y Juan Dolio.

En torno al allanamiento ejecutado en dicho bar, explicó que durante el desarrollo del mismo fueron rescatadas las victimas que se encontraban en el lugar, las cuales posteriormente fueron evaluadas físicamente por un médico legista y psicólogas adscritas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

A través de un comunicado de prensa, la PGR detalló que la operación se llevó a cabo luego de una labor de inteligencia iniciada hace alrededor de tres meses, que conllevó interceptaciones telefónicas, la utilización de testigos bajo reserva y la congelación de los valores, debidamente autorizados por un juez.

Indicó que dichas diligencias investigativas han permitido identificar a nombre de Julio Oscar de la Rosa bienes muebles e inmuebles valorados en más de RD$20 millones y productos financieros en diferentes entidades bancarias que superan los RD$54 millones, los cuales en virtud de dicha autorización judicial han sido inmovilizados.

La nota explica que durante los allanamientos fueron incautados varios muebles e inmuebles y vehículos, siendo ocupados en la residencia de los imputados más de RD$5 millones 400 mil.

La Procuraduría General de la República destacó que en el marco de las acciones contra esos delitos, en la presente gestión han sido clausurados otros establecimientos, entre ellos, Doll House en la avenida George Washington, los bares “Satin Dolls” y “Bar la 21”, del sector de Gascue, así como Pink Pony Bar, de la Núñez de Cáceres, del Distrito Nacional, y dos centros de igual naturaleza en Puerto Plata, además de rescatar a decenas de mujeres víctimas de esas prácticas ilegales y proceder con el sometimiento a la justicia de los implicado

Coordinan plan a fin de dar protección y asistencia a víctimas de trata de personas

Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Conferencia Dominicana de Religiosos y Religiosas (CONDOR) pondrán en marcha un programa de cooperación y ayuda que contribuirá a la reintegración a la sociedad de las víctimas de trata de personas y los delitos vinculantes como la pornografía y la explotación sexual.


A través de un comunicado de prensa, se informó que a los fines de implementar dicho programa el procurador general de la República, Jean Rodríguez, firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con la presidenta de CONDOR, Hermana Patria Fernández Céspedes, mediante el cual le cede a esa entidad religiosa la administración temporal por un período de dos años del Proyecto Casa Malala, ubicado en la calle 37, No. 15, del Ensanche la Fe, del Distrito Nacional.

El acto se llevó a cabo en la sede de la Procuraduría General de la República, con la participación de monseñor Francisco Osoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo; el coordinador de la Pastoral Penitenciaria, fray Arístides Jiménez Richardson, y la procuradora adjunta Roxanna Reyes, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.

Con relación al inmueble, la Procuraduría dijo que fue incautado por esta institución en el transcurso de una investigación que lleva a cabo por trata de personas, será utilizado para brindar acogida, protección y las atenciones necesarias a las víctimas de esos delitos y otros conexos, conjuntamente con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

El magistrado Rodríguez dijo que la iniciativa se enmarca dentro de las acciones que llevan a cabo para ofrecer atención efectiva y oportuna a las víctimas de esos delitos, garantizándole la protección y el apoyo necesario.

“Este es un programa de gran valor para la institución, ya que viene a fortalecer nuestro plan institucional con el cual buscamos ayudar y respaldar a las víctimas de esa actividad ilícita del crimen organizado, que principalmente afecta a poblaciones vulnerables como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes”, manifestó el jefe del Ministerio Público.

La Procuraduría resaltó que esta nueva acción en el tema de trata de personas se enmarca dentro de las nuevas estrategias puestas en marcha por el procurador Rodríguez para combatir de manera eficaz ese delito.

Recordó en ese sentido, que el pasado fin de semana fue desmantelada una red dedicada a esa actividad y cerrado Pink Pony Bar del sector Los Prados, del Distrito Nacional, siendo arrestado su propietario y presunto cabecilla de dicha organización y una gerente, quienes fueron sometidos a la justicia.

También, resaltó la presentación este martes del “Proyecto para la Prevención de la Trata y el Tráfico Internacional de Personas Adolescentes”, mediante el cual serán capacitados sobre ese tema 32 fiscales de diferentes jurisdicciones del país, a fin de seguir eficientizando la respuesta a esos delitos del crimen organizado.

De acuerdo a la información divulgada por la PGR, CONDOR desarrollará acciones puntuales en dicho inmueble, como brindar apoyo directo a las víctimas sobrevivientes de trata de personas, para dar una respuesta y solución a sus necesidades, a través de servicios residenciales, que incluyen alojamiento y cobertura de necesidades básicas.

Explicó que además ofrecerán a las víctimas atención médica y psicológica, así como información y asesoramiento en materia jurídica y en los procesos de retorno voluntario y de inserción socio laboral.


Procurador dice recusan juez Ortega para retrasar caso Odebrecht


Santo Domingo.- El procurador general de la República; Jean Alain Rodríguez, dijo que la recusación hecha al juez Francisco Ortega Polanco, por parte de uno de los encartados en el caso Odebrecht, se debe a una táctica dilatoria, que es normal por parte de la defensa de los imputados en este tipo de proceso.

“Los abogados recurrirán a toda táctica, es normal y para eso les pagan” indicó el magistrado Rodríguez, al tiempo que defendió la acusación presentada por el Ministerio Público, calificándola de “ fuerte”.

El juez de Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, suspendió la audiencia que había fijado para el seis de julio del caso Odebrecht y decidió abstenerse hasta tanto el alto tribunal decida sobre la recusación realizada en su contra.

Con relación a las pruebas que dicen tener los abogados de los imputados para desvincular a sus clientes del caso, el jefe del Ministerio Público aseguró que esa entidad hará su trabajo en base a los hechos que se les imputan.

En cuanto a que si el Ministerio Público tendría que retractarse de sus acusaciones, Rodríguez dijo que eso es solo un intento de desvirtuar los hechos, debido a que  “los números no les cuadran”.

Rodríguez ofreció esas consideraciones, en la Escuela Nacional del Ministerio Público, luego de presentar un proyecto que busca disminuir la trata de personas en el país.

El 21 de junio pasado Andrés Bautista, a través de los abogados Antoliano Peralta, Carlos Salcedo y Thiaggo Marrero Peralta, depositaron una demanda o solicitud de inhibición en contra del magistrado Ortega Polanco, por considerar que durante la etapa preparatoria del caso tuvo una activa participación.

Mientras que el 22 de junio pasado, el imputado Pittaluga, a través de sus abogados Eric Raful, Santiago Rodríguez, Carlos Pérez y Joaquín Zapata, presentó una demanda de recusación en contra de Ortega Polanco, alegando que participó como juez de la instrucción o control durante la fase preparatoria del caso sobre los sobornos que admitió haber pagado Odebrecht.

También el imputado Díaz Rúa había pedido al juez Ortega Polanco el sobreseimiento de la audiencia preliminar, así como de las actuaciones procesales que pudieran presentarse, hasta tanto fuera decidido un recurso de oposición interpuesto en contra del auto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, que lo designa para conocer el caso.

Se recuerda que el juez Ortega Polanco mediante auto fijó para el próximo 6 de julio el conocimiento de la solicitud de juicio preliminar en contra de los imputados Pittaluga, Bautista, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Jesús Vásquez.

El 7 de junio pasado el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó acusación formal en contra del grupo, pidiendo al tribunal que dicte auto de apertura a juicio en su contra bajo cargos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

(Fuente: Listín Diario)

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