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Al menos 17 estados demandan a Trump para exigir reunificación familiar de migrantes

NUEVA JERSEY.-Un total de 17 estados, incluidos Washington, Nueva York, California e Illinois, interpusieron este martes una demanda para exigir el cese de la política que separa a las familias migrantes indocumentadas.

La demanda, dirigida por fiscales generales demócratas y presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU., busca que la administración del presidente Donald Trump haga esfuerzos para reunificar a las familias separadas en la frontera con México, refiere Chicago Tribune.

Esta acción ha sido considerada como el primer desafío legal de los estados sobre la práctica, que fue tildada de "cruel" por el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbil Grewal. La demanda ocurre en medio del escándalo por la separación de unos 2.300 niños de sus padres indocumentados, lo que generó indignación mundial y obligó a Trump a aprobar un decreto para prohibir esa práctica la semana pasada, que había sido implementada como parte de su plan de "tolerancia cero".

No obstante, los estados consideran que el nuevo decreto tiene vacíos legales y no deja claro si los niños que ya fueron separados de sus padres podrán optar a reunirse de con ellos. De igual manera, se acusa a Trump de negar el debido proceso, criminalizar la inmigración y ser arbitrario en la aplicación de la política migratoria.

Los estados que demandaron son Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

(Fuente: RT En Español/AP)

Destituido fiscal mexicano del caso Odebrecht declina volver a su cargo

Santiago Nieto destituido fiscal mexicano
El destituido fiscal mexicano que investigaba el pago de presuntos sobornos de la constructora Odebrecht a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto descartó objetar su despido ante el Senado y volver a su cargo.

Santiago Nieto, quien fue despedido la semana pasada por la fiscalía general mexicana, dijo en una carta al Senado que retiró la objeción que había presentado a su destitución porque no existen condiciones "para que desarrolle las funciones" para las que fue designado.

"No existen condiciones para que el suscrito, aun obteniendo la votación de la mayoría de los senadores presentes, desarrolle las funciones para las que fui designado, en razón de la polarización política que ha rodeado este procedimiento de corte institucional y la imposibilidad fáctica de regresar con la libertad de actuación anterior, dados los posicionamientos de las fuerzas políticas", detalló Nieto en una carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero.

Luego de ser despedido, Nieto había dicho que acudiría al Senado a objetar su despido, lo que generó una crisis entre las fuerzas políticas ya que la oposición considera que su salida es una maniobra para entorpecer la investigación sobre la presunta corrupción de Odebrecht en México.

El funcionario dijo este viernes que "no existen los consensos necesarios" para que pueda comparecer ante los senadores.

Agregó que volver a su cargo "no abonará" a que el proceso electoral de 2018, en el que México renovará la presidencia, "transite por los mejores términos posibles".

Nieto había sido acusado por la fiscalía mexicana de violar el debido proceso y la presunción de inocencia tras ofrecer declaraciones a un diario local que sugerían que el excoordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto, Emilio Lozoya, lo presionó para que declarara públicamente su inocencia a través de una carta.

Lozoya, un hombre muy cercano a Peña que también sirvió como director de la petrolera estatal Pemex, habría recibido 10 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en licitaciones, de acuerdo con el testimonio de un exejecutivo de la compañía ante la justicia brasileña.


Las confesiones ante la justicia de altos ejecutivos de Odebrecht han sacudido los círculos del poder y la política en América Latina, llevando incluso a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.








Fuente: AFP

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