La comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, efectuó una consulta pública para recibir observaciones de la iniciativa donde resaltaron los planteamientos para que el Estado intervenga en la ley, además de aplicar sanciones legales para los inquilinos que se retrasen en el pago de la renta.
En la consulta participaron 20 sectores interesados en el tema y, en general, propusieron a los diputados la mediación del Estado para que, en caso de retraso en el pago de alquiler, un propietario de vivienda no cargue con todas las responsabilidades legales y financieras, sino que tenga respaldo del Gobierno para obtener su dinero.
En ese sentido, Pedro José Álvarez, quien es estadista de profesión, dijo que la intervención del Estado en la ley de alquileres "es vital" para que haya un equilibrio entre los derechos del propietario y los derechos del inquilino.
El estadista precisó que debe existir un mecanismo propulsado por el Estado para equilibrar la relación de los inquilinos y los propietarios porque, como expuso, alrededor de un 32% de los dominicanos viven alquilados y gran parte reside en Santo Domingo.
Un propietario de viviendas de bajo costo que se identificó como Fermín Rodríguez, explicó que cuando al inquilino se le presentan situaciones de salud o desempleo que le impiden pagar un alquiler, es el dueño de la casa quien debe asumir las consecuencias, así como conciliar y resolver la problemática "sin ningún apoyo del Estado".
En su ponencia, Fermín recordó que el Estado intervino durante la pandemia del covid-19, en el 2020, para facilitar el cobro y pago de las rentas, un aspecto que, a su consideración, debe ser replicado cuando un inquilino esté imposibilitado de pagar para así no afectar la inversión del propietario.
Este planteamiento también fue respaldado por Roberto Luna Castillo, representante del sector construcción, quien instó a los legisladores a agregar en el proyecto la creación de una nueva institución estatal que persiga a los inquilinos que incumplan el pago de la renta.
En las vistas públicas también surgieron propuestas para castigar a aquellos inquilinos que dejen de pagar el alquiler sin razones justificadas legalmente. La sugerencia fue expuesta por Ruth Muler, presidenta de la Fundación Madres Solteras y Jóvenes y por la abogada Mimelfis López.
En su ponencia, Fermín recordó que el Estado intervino durante la pandemia del covid-19, en el 2020, para facilitar el cobro y pago de las rentas, un aspecto que, a su consideración, debe ser replicado cuando un inquilino esté imposibilitado de pagar para así no afectar la inversión del propietario.
Este planteamiento también fue respaldado por Roberto Luna Castillo, representante del sector construcción, quien instó a los legisladores a agregar en el proyecto la creación de una nueva institución estatal que persiga a los inquilinos que incumplan el pago de la renta.
En las vistas públicas también surgieron propuestas para castigar a aquellos inquilinos que dejen de pagar el alquiler sin razones justificadas legalmente. La sugerencia fue expuesta por Ruth Muler, presidenta de la Fundación Madres Solteras y Jóvenes y por la abogada Mimelfis López.
