Expusarán extranjeros ilegales |
El gobierno de Mauricio Macri logró un
fallo judicial de primera instancia que convalidó el decreto 70/2017 por el
cual se agilizaron los procesos de expulsión de personas extranjeras con
antecedentes penales, que hayan cometido o no delitos en nuestro país, y se
prohibió el ingreso de extranjeros vinculados con delitos.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU),
firmado por Macri, había sido impugnado por tres organizaciones civiles, pero
el juez en lo contencioso administrativo federal número 1, Ernesto Marinelli,
rechazó la acción de amparo colectiva.
Resolvió que la norma "conserva su
eficacia desde su vigencia" desde el 27 de enero de 2017. Por lo tanto,
ratificó el mecanismo de expulsión e impedimento de ingreso al país.
La demanda había sido presentada por el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para
Refugiados y Migrantes y por el Colectivo por la Diversidad.
El CELS, presidido
por Horacio Verbitsky, suele coincidir con las posturas políticas del
kirchnerismo. Luego del fallo, estas ONGs apelaron, pero el decreto mantiene
vigencia hasta que la Justicia resuelva.
Desde el Gobierno, ese DNU fue parte de las
políticas de lucha contra la inseguridad ciudadana, habida cuenta que gran
cantidad de delitos comunes son cometidos por extranjeros. Para los sectores
vinculados a los derechos humanos atenta contra las garantías de los
delincuentes.
El DNU modificó criterios de impedimentos
de ingresos y permanencia al territorio nacional de ciudadanos extranjeros
involucrados con delitos. También reguló un procedimiento migratorio más rápido
para las expulsiones vinculadas al delito o al ingreso ilegal en el país.
El amparo colectivo que impugnó la medida
pidió la "nulidad absoluta e insanable" del DNU porque supuestamente
lesionaba garantías mínimas de debido proceso, el derecho a la protección
judicial efectiva y al acceso a la justicia, el derecho a igual protección de
la ley, a la no discriminación y a la libertad ambulatoria, entre otras cosas.