Ángelo Vásquez y Mario Diaz, principales dirigentes de esas organizaciones, expresaron en rueda de prensa, que la ONU presiona al gobierno dominicano para que cambie su política migratoria con relación a los extranjeros ilegales, sin tener en cuenta la libertad que tiene la República Dominicana, al igual que los países libres del mundo, a aplicar sus leyes de regulación migratoria, sin que otras naciones intervengan.
“Mario Díaz anunció que las organizaciónes del transporte que dirige, ponen a la disposición del gobierno todas las unidades vehiculares que poseen, para que puedan ser utilizadas en las repatriaciones masivas de haitianos hacia el vecino país”.
Ambos dirigentes plantean la necesidad de que el presidente Luis Abinader escuche de manera personal sus reclamos, al tiempo en que hacen un llamado a la Dirección General de Migración, el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Transito y Transporte Terrestre (DIGESETT), para que se aboquen de manera inmediata a tomar acciones en todas las rutas del transporte público de pasajeros y en las paradas de motoconchistas del país, para ponerle fin a esa práctica, que no solo genera caos en ese servicio público, “sino que además afecta la calidad y el ambiente de trabajo de los choferes y usuarios de este servicio en todo el territorio nacional”.
“Lamentamos que muchos de los indocumentados que laboran como operadores de rutas del transporte de pasajeros, se dedican también al contrabando de armas de fuego, mercancías ilegales, drogas y al trasiego de vehículos robados desde la república dominicana hacia Haití, así como de materiales de la construcción, combustibles, motocicletas y otros productos”, expresaron.
Dijeron que además, esos nacionales indocumentados provenientes de Haiti, se constituyen en bandas nocturnas, que disfrazadas de limpiadores de cristales de vehículos en los semáforos y de deliberis, en motocicletas, en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, atracan, roban y mantienen en una zozobra constante a sus habitantes, sin que las autoridades tomen medidas que detengan esas prácticas, a pesar de existir normas legales que las sancionan.
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