Con el voto de 23 de 25 congresistas presentes, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto que modifica la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas No. 10-04.
El proyecto de ley es de la autoría del senador Félix Bautista, representante de la provincia San Juan.
Ahora la pieza pasa a la Cámara de Diputados, donde deberá agotar dos lecturas más antes de ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, en caso de ser aprobada.
Solo los senadores Dionis Sánchez, del partido Fuerza del Pueblo (FP), e Iván Silva del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de la iniciativa.
Lo que establece la ley
Este proyecto de ley establece que los miembros de la Cámara de Cuentas serán electos por un período de cuatro años, además que las auditorías internas y de control de calidad técnica, ética y de procedimientos podrán ser evaluadas por un organismo similar internacional para asegurar el cumplimiento de los ordenamientos y mejores prácticas profesionales.
La normativa indica las atribuciones y competencias del organismo fiscalizador, que incluye facilitar la coordinación interinstitucional, promover la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y suscitar la transparencia y rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos públicos.
La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
Algunas modificaciones
En la aprobación se modificó el artículo 21 del proyecto en su párrafo 1, que establece que en caso de faltar el presidente de la Cámara de Cuentas, el Senado tendrá la faculta de elegir un nuevo titular.
En el párrafo 2 del mismo artículo se resalta que en caso de ausencia del vicepresidente del órgano o cualquier miembro el Senado tendrá la facultad de sustituirlo hasta completar el período.
También, entre sus principales ajustes está el otorgar más poder a quien resulte electo presidente del órgano fiscalizador, así como aumentar de dos a cuatro años el período de gestión de los cinco miembros que resulten escogidos.
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