El Centro Nacional De Ciberseguridad (CNCS) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) firmaron un convenio interinstitucional, mediante el cual se impulsará la aplicación de una cultura nacional de ciberseguridad para la protección efectiva del Estado dominicano, tal y como lo indica la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
El acuerdo, rubricado por el director ejecutivo del CNCS, general PN Juan Gabriel Gautreaux Martínez y el titular del MAP, Darío Castillo Lugo, tiene por objeto establecer un marco general de cooperación y colaboración interinstitucional, para impulsar y promover una cultura nacional de ciberseguridad.
Al hacer uso de la palabra, Castillo Lugo señaló que la firma de este convenio representa un paso importante en la transformación digital que se encuentra ejecutando la Administración Pública dominicana.
Mientras que, el general Gautreaux Martínez indicó que, el CNCS pone todas sus herramientas a disposición del MAP, para que puedan realizar una autoevaluación en el tema de ciberseguridad y aplicar las mejoras que sean necesarias.
A través del acuerdo, ambas instituciones se comprometen a difundir el contenido de sus respectivas leyes y normativas reglamentarias; intercambiar políticas, experiencias, conocimientos, mejores prácticas, material bibliográfico y normativo, estadísticas y cualesquiera otros materiales que resulten de mutuo interés.
Además, las instituciones se comprometen a celebrar conferencias, seminarios, talleres, cursos, programas de formación y otros encuentros académicos, que generen espacios para la discusión y el intercambio de experiencias y para la difusión de información a los ciudadanos, en materia de ciberseguridad y de uso responsable de las tecnologías de la información.
De igual forma, a ejecutar de forma conjunta, proyectos de cooperación de interés mutuo, contemplando una posible integración de otras entidades del sector público y privado y de la sociedad civil.
Para dar seguimiento al cumplimiento e implementación de las actividades acordadas, se creará una mesa de trabajo que estará compuesta por cuatro personas, dos por cada institución.
Esa mesa de trabajo deberá definir los principios y crear los mecanismos y procedimientos que permitan la implantación y ejecución efectiva de las actividades a desarrollar que estén pautadas en el convenio.
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