Santo Domingo.- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la medida de 18 meses de prisión preventiva contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, imputado de formar del supuesto entramado de corrupción desmantelado con la operación Calamar.
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca, Wilson Camacho, señaló ante los medios de comunicación que la decisión del tribunal es la “que en derecho correspondía, toda vez que la defensa no aporta un solo presupuesto nuevo como para que el tribunal decidiera en otra dirección”.
“En cambio, nosotros aportamos 18 presupuestos”, entre ellos un interrogatorio “que da cuenta de las maniobras realizadas por este imputado desde el Ministerio de Hacienda para el pago fraudulento de las expropiaciones”, dijo, y “al menos ocho nuevos querellantes se ha adherido a este proceso”, apuntó.
El antiguo titular de Hacienda y el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta cumplen 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres, San Cristóbal, desde que se dictara medida de coerción contra ellos el pasado mes de abril.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar.
En el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, así como Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye conductas tipificadas en la Constitución de la República, el Código Penal, la Ley sobre Soborno en el Comercio y la inversión, la Ley sobre la Declaración Jurada de Patrimonio, la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y la Ley sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
El expediente de la Operación Calamar consta de más de 3,000 páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17,000 millones de pesos al Estado, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas.
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