La audiencia de los casos de supuesta corrupción Coral y Coral 5G se extendieron por unas 12 horas este viernes y fue recesada por la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, para continuar este próximo lunes 24 de abril.
En medio de muchos recesos la juzgadora escuchó las réplicas de los abogados técnicos de Kelman Santana, sindicado como uno de los supuestos administradores de las tierras pertenecientes a la Asociación Campesina Madre Tierra, propiedad del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres.
El imputado fue defendido por sus representantes legales de alegados señalamiento de ser socio, amigo y aliado en el alegado entramado de lavado de activos de Cáceres.
Supuestamente, Santana era quien Administrava las fincas, animales y demás bienes incautados a Adán Cáceres en la provincia Monte Plata.
Los abogados del coronel Kelman Santana negaron cada una de las acusaciones, pero el representante del Ministerio Público, Jonathan Elías Pérez, dijo al salir de la audiencia que la defensa no presentó pruebas que refuten al órgano acusador, sino más bien que simples argumentos.
A Adán Cáceres se le rechazó ayer por parte de la Corte de Apelación del Distrito Nacional un recurso de recusación contra la jueza Yanibet Rivas.
Ministerio Público
"Hoy expuso la defensa de Kelman Santana, propietario de la Hacienda Kelman, se la pasaron argumentando y tratando de tergiversar las acusación, pensando en que el juzgador no la va a leer y lo que ha dicho son solo argumentos", sostuvo Jonathan Elías Pérez
Indicó que Kelman Santana es amigo y asistente de Adán Cáceres desde Hato Mayor, provincia de la cual vienen juntos desde hace muchos años atrás.
"Es una persona de extrema confianza de Cáceres y mezclaba el dinero de corrupción con el dinero de operaciones de comercios", añadió el representante del Ministerio Público.
Como representantes del Ministerio Público estuvieron en la audiencia el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; la procuradora de corte coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos y Marinel Brea.
Debido a la cantidad de personas que forman parte del proceso judicial, la audiencia se conoce en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Caso Coral 5G
Según el Ministerio Público, la red de corrupción estaba integrada por altos oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales.
Entre los apresados en la Operación Coral 5G se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD), Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
También el citado general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Johanna L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Antecedentes
Los casos Coral y Coral 5G involucran a unos 48 implicados por supuesta corrupción administrativa de miembros castrenses como militares y policías.
Ya el Ministerio Público ha presentado y leído un expediente acusatorio de 3,268 páginas.
El Ministerio Público ha pedido que todos los involucrados sean enviados a juicio de fondo y señala que los encartados en el presunto caso de corrupción estafaron al Estado con más de 4,000 millones de pesos.
En este caso, el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adan Cáceres, le fue dictado el cese de su prisión preventiva por arresto domiciliario y cumple la coerción en su hogar.
La medida de coerción del extitular del Cusep consiste en arresto domiciliario, impedimento de salida y la colocación de grillete electrónico.
El coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, implicados en el caso Coral, también salieron de la cárcel tras cumplir con el pago de una fianza y están en arresto domiciliario.
Al coronel Rafael Núñez de Aza, también implicado en el presunto entramado criminal, se le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, al igual que a Cáceres, mientras a la pastora y su hijo fue de 50 millones de pesos.
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