El órgano informó que esta presunta acción fraudulenta se pudo detectar a través del sistema de firma electrónica del Poder Judicial con el código QR con el que se valida la autenticidad de los documentos.
De acuerdo a la autoridad pública, al introducir el código QR se identificó que este correspondía a otra resolución.
Hasta el momento no se ha informado la identidad de los servidores públicos cancelados.
“La Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial ha estado en contacto con el Ministerio Público de Santiago y ha brindado las informaciones de lugar para que se lleve a cabo el proceso investigativo penal que determine las posibles responsabilidades de los involucrados”, indicaron.
Informaron que la firma electrónica que implementan, forma parte de las acciones de transformación y modernización que experimenta este poder del Estado para alcanzar una justicia del siglo 21, con la que se garantiza la transparencia de todos sus procesos.
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