El fiscal litigante Miguel Collado, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que la decisión fue adoptada a pesar de que el Ministerio Público estableció en el tribunal que los presupuestos de las defensas fueron los mismos que presentaron desde el inicio de la primera medida de coerción y en las subsiguientes audiencias.
Dijo que el tribunal estaba en competencia para conocer dos recursos de apelación, uno instrumentado por la defensa de José Manuel Rosario Pirón, y otros por la defensa de los acusados Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores.
“A pesar de que el Ministerio Público en sus argumentos estableció que los presupuestos que presentaron estas defensas fueron los mismos que presentaron desde el inicio de la primera medida de coerción, así como en las subsiguientes audiencias, el tribunal entendió ha lugar, acoger lo que fue la solicitud de apelación de estas defensas, variando lo que es la prisión preventiva por prisión domiciliaria y colocación de grilletes electrónicos”, detalló.
Collado se refirió a la decisión del tribunal de alzada al responder preguntas de la prensa de la fuente judicial.
El Ministerio Público estuvo representado además de Collado, por la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Elías Pérez, Miguel Collado y Arolin Lemos.
Los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación, Pedro Sánchez (presidente), July Tamariz y Daniel Nolasco, conocieron este martes el recurso de apelación interpuesto por los acusados Boanerges Batista, Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, a la medida de coerción impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los acusados de la Operación Coral 5G solicitaron a la corte la variación de la prisión preventiva.
Por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, también son procesados los generales de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Torres Robiou (FARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD).
El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
Mientras que el expediente de la Operación Coral involucra entre otros al mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En este proceso, cuya audiencia preliminar se conoce en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicitó que se dicte auto de apertura a juicio en contra de todos los acusados.
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