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Luego de una reunión que se extendió por más de tres horas el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, indicó a los medios de comunicación que el órgano electoral siente "preocupación" con los aspectos que no fueron tomados en cuenta por los legisladores.
"En lugar de reducirse los topes de gastos de campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la Ley vigente; tampoco se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes, lo que de haberse aprobado contribuiría con disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular; crear condiciones de equidad en la contienda y facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña", expresó Jaquez Liranzo, mientras leía un documento firmado por él y los restantes miembros del pleno.
El presidente de la JCE también reclamó que las modificaciones aprobadas no acogen la propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías, lo que a su entender generaría "consecuencias negativas" como el aumento de los conflictos intrapartidarios y el costo de las campañas.
Además, posibles "complicaciones" en el proceso operativo de escrutinio y "configura un sistema político donde se prioriza a las personas y los recursos por encima de las propuestas programáticas o ideológicas".
Jaquez Liranzo añadió que el texto legislativo que aprobaron los senadores, elimina la facultad de dictar medidas cautelares lo "que disminuye sus garras para que se puedan dictar medidas temporales en aras de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral".
Añadió que dejaron de lado la propuesta de paridad de género y los criterios de paridad vertical y horizontal para la presentación de listas de candidaturas.
También señaló que la modificación del artículo 25 de la ley vigente, que establece que en aquellos casos que la Junta Central Electoral considere conveniente escuchar la opinión de los partidos políticos convocará a una audiencia con estos fines, para conocer los planteamientos de éstos, constituye una "merma a la autoridad y autonomía del pleno".
"Toda vez que se le impone el pronunciamiento a solicitud de las organizaciones políticas sobre cuestiones que quedan abiertas, además de la celebración de audiencias periódicas, incluso mensuales durante el año electoral, convirtiendo al órgano administrativo en un órgano contencioso electoral, lo cual es contraproducente con su naturaleza constitucional de organizar el proceso", manifestó el presidente de la JCE.
Jaquez Liranzo solicitó a la Cámara de Diputados "reconsiderar" esos aspectos e informó que ese documento, leído a los medios de comunicación, será depositado a primera hora del miércoles en el Congreso Nacional.
Sobre la ley 33-18
Con relación a la propuesta de reforma de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que aún se encuentra en una comisión del Senado, el presidente de la JCE pidió que "se valore la aprobación del financiamiento político público con la fórmula y los criterios sugeridos por el pleno, los plazos de precampaña, el orden de la boleta electoral y los topes de gastos de precampaña".
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