Advierten que ese tipo de práctica puede introducir riesgos al ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento y al Estado social y democrático de derecho.
Además, coinciden que ese tema no compete a la Policía Nacional.
“La información no deja de ser preocupante por lo que pueda implicar en la práctica, que la Policía, pretendiendo llegar a determinadas situaciones, pueda incurrir en abusos y situaciones violatorias a derechos”, alertó el presidente de la Sociedad de Diarios.
Maldonado percibe que se pueden cometer abusos contra medios, pretendiendo evitar que alguna información, aunque sea cierta, se impida su divulgación para evitar generar pánico en la población.
Visualiza también que la Policía no tiene el derecho ni la capacidad para determinar la certeza o no de una información, porque tendría que partir de un supuesto.
El también director del periódico El Nuevo Diario, dijo que la función de la Policía es la lucha contra la delincuencia, lo cual observa es un problema que se ha desbordado.
Incapacidad
Afirmó que la medida puede ser más un estado de incapacidad para afrontar el tema de la delincuencia que una capacidad real de poder determinar lo que pretenden, de atacar el narcotráfico y el crimen organizado que pudiera estar detrás.
“La primera impresión que tuve es que es más una acción de desespero que un mecanismo para luchar contra la delincuencia, obviamente, en ese intento de desespero se pueden cometer abusos, se pueden cometer errores que serían más lamentables, que el propósito que se busca”, advirtió Maldonado.
Informó que para el próximo lunes, el presidente Luis Abinader convocó a los representantes de medios de comunicación a un encuentro, con el objetivo de presentar un plan contra la delincuencia.
Dijo que ojalá en ese espacio pueda aparecer algún mecanismo preventivo, para que no se empiece a dar patadas y al final se afecten derechos constitucionales.
Citó el último estudio de la agencia de noticias Reuters, del Reino Unido, que estableció que en América Latina alrededor del 50 por ciento de las informaciones que la gente recibe son falsas, pero se preguntó qué capacidad tiene la Policía para poder resolver un problema planetario.
Libertad de expresión
El jurista Namphi Rodríguez advierte que la medida podría violar la libertad de expresión y el Estado democrático de derecho establecido en el régimen constitucional.
“Lo más grave es que la libertad de expresión tiene como fundamento la no censura previa y si se establece un sistema de vigilancia policial sobre la libertad de expresión eso puede derivar en la censura previa, y afectar el núcleo esencial de ese derecho que establece el artículo 49 de la Constitución”, sostuvo Rodríguez.
Enfatizó que hay que tener en consideración que las redes sociales, con sus luces y sus sombras, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia TC-0092-19, son una forma de democratizar y una poderosa herramienta de denuncia y vigilancia de derechos humanos.
“Pretender establecer un sistema policial sobre las denuncias en las redes sociales puede derivar en serias restricciones a la libertad de expresión”, apuntó el jurista.
“Cuando se habla de noticias falsas se está hablando de un tipo penal de una extrema gravedad. Quién determina que es una noticia falsa, lo puede hacer una autoridad administrativa policial?, eso es un despropósito. Esa laxitud no le está dada a la autoridad policial. La libertad de expresión tiene sus propias garantías.”, apuntó el jurista.
Ni legal ni constitucional
Además, señala que a la Policía no le está dada esa facultad por la ley ni por la Constitución, sino al ministerio público, pero que tampoco ese órgano de persecución penal puede sancionar, sino someter un expediente ante la autoridad judicial.
Dijo que hablar de noticias falsas es un concepto vago, de extrema vaguedad.
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