Las denunciantes Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, interpusieron el pasado viernes, a través de sus abogados, una querella ante la procuradora general, Miriam Germán Brito, y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, por tener el funcionario jurisdicción privilegiada.
El artículo 333-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, establece que “constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones. El acoso sexual se castiga con un año de prisión”, contempla esa normativa.
La Procuraduría General no ha informado qué procurador adjunto realizará la investigación en contra de Ramírez Sánchez.
En el documento que presentaron las querellantes, Correa Jiménez narra que el presidente de la Cámara de Cuentas empezó a acosarla el 4 de diciembre del año pasado cuando le solicitó su número personal con la intención de saber sobre una auditoría que realizaba, pero luego se dedicó a hacerle preguntas y comentarios de tipo personal y, en otra ocasión, le preguntó que “si ella no saldría a bailar” con él, a lo que ella respondió que no, y que él le insistió “que por qué” a lo que la joven contestó que era una mujer casada.
A esta última respuesta, según el documento, Ramírez le preguntó “que si la mujeres casadas no salían a bailar con otros hombres.”
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