En las próximas horas, el tribunal se apresta a emitir auto de fijación de audiencia, y con ello proceder a notificar a las personas físicas, jurídicas y sus defensas técnicas.
La agilidad en el proceso de cotejo del inventario de pruebas, aun tratándose de un expediente voluminoso, de más de 12 mil páginas, se hizo posible debido al trabajo simultáneo entre las secretarías de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y del Tercer Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción, este último apoderado mediante sorteo aleatorio para conocer el caso en el cual se determinará si envía o no a juicio las personas imputadas, conforme examen de la acusación.
El proceso de cotejo a cada uno de los elementos de pruebas a cargo correspondientes a los 63 imputados, se realiza ordinariamente al ser depositado requerimiento conclusivo por parte de la secretaria del tribunal a fin de comprobar las piezas depositadas y la existencia de alguna omisión en el depósito de las pruebas ofertadas.
Asimismo, al concluir con el inventario, el tribunal suministra la glosa a cada una de las partes procesales identificadas.
Esta dinámica se realiza como eslabón de la prerrogativa de la tutela judicial efectiva, y en consonancia con lo establecido por el artículo 298 del Código Procesal Penal que establece: "Cuando se presente la acusación, el secretario notifica a las partes e informa al ministerio ponga a disposición de las partes los elementos de prueba reunidos durante la investigación, quienes pueden examinarlos en el plazo común de cinco días. Por el mismo acto, convoca a las partes a una audiencia oral y pública, que debe realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte”.
Finalizado este proceso, el Tercer Juzgado de la instrucción se apresta a notificar a los imputados, tanto a los que se encuentran en prisión preventiva como a los que están con otro tipo de medida de coerción, o no se encuentran sujetos a ninguna medida.
En la actualidad el proceso se encuentra en la etapa preliminar, en el cual se realiza el denominado juicio a la prueba, para determinar si la acusación tiene los méritos suficientes para enviar a la etapa juicio; concluida esta última fase, se inicia la etapa recursiva. Estas fases están establecidas en la normativa procesal penal por parte del legislador.
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