Los empleados y familiares que dependen de la empresa eléctrica El Progreso de El Limón, que han visto sus empleos en peligro por las acciones que la Superintendencia de Electricidad ha realizado contra el sector y sus patronos, se presentaron en medio de la actividad que tenía el presidente Abinader en Samaná, con pancartas que decían: ¡Presidente salve nuestros empleos! ¡El Limón requiere su atención! ¡La compañía eléctrica El Progreso es empleo!, entre otros.
La empresa EL Progreso del Limón (EPDL) está solicitando la intervención del Luis Abinader y el Ministro de Energía y Mina, Ing. Antonio Almonte, puesto que la Superintendencia de Electricidad no puede ser juez y parte, ya que según informan, está claro que la intención del funcionario es ahogar financieramente a la empresa para sacarla del mercado, una empresa que en todos sus años de operación no tenía deudas, hasta el 2015 que fue el año cuando iniciaron las nuevas regulaciones, concluyó la Licda. Fabiery Mercedes.
La abogada Mercedes, manifiesta que el Estado le adeuda a la empresa El Progreso del limón (EPDL) alrededor de 300 millones de pesos, fruto del no pago del déficit que genera la tarifa social impuesta por la SIE; deuda que fue reconocida por la gestión anterior de dicha institución, pero que se ha negado a aprobar el actual Superintendente de Electricidad, Rafael Aníbal Velazco Espaillat. Cabe señalar que en fecha 20 de mayo de 2021 en una reunión entre La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Superintendencia de Electricidad (SIE) y La empresa El Progreso del Limón, (EPDL) las conclusiones documentadas fueron: La ETED estará a la espera de la decisión del consejo de la SIE, en un periodo prudente, para poder solucionar la situación solicitando un abono a la deuda, lo cual a la fecha no ha ocurrido, por el contrario se han despachado con multas basado en informes carentes de veracidad.
El Conflicto:
La Empresa de Electricidad El Progreso de El Limón (EPDL) tiene operaciones desde 1995 y es la principal empleadora en la comunidad, de la cual se sostienen más de 60 familias, y por tal razón los empleados procedieron a llamar la atención del presidente de la República, Luís Abinader Corona, para que medie en este conflicto, el cual lacera la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país.
Según los abogados de la empresa, Rafael Aníbal Velazco Espaillat, en su calidad de Superintendente de Electricidad, ha montado una persecución despiadada, iniciando una agresiva regulación en contra de la empresa El Progreso de El Limón; tratando a toda costa desvirtuar a su antojo y conveniencia las normas del sector con el fin de pretender aplicar un trato discriminatorio a EPDL; con el único respaldo de documentos elaborados por funcionarios y empleados de la misma institución; quienes se han convertido en juez y parte, y sin prueba palpable o manifiesta que sustente la persecución a la que ha sido expuesta dicha empresa.
Según los ejecutivos de La empresa El Progreso, la SIE obliga la empresa aplicar un descuento del 50% en el precio de la energía a casi el 91% de sus clientes, a través de una tarifa social que no reembolsa a la empresa lo que deja de facturar, lo que genera un déficit de caja en operación mayor al 50%; de sus ingresos totales, respecto del monto que debería estar percibiendo bajo un régimen de tarifa regular.
La empresa energética asegura que desde 2015 la SIE aplica indirectamente esta tarifa, y directamente desde 2018 emite mensualmente la misma resolución tarifaria, sin embargo, no establece bajo qué mecanismo pagará ese déficit; qué o institución del Estado lo hará y cuándo se realizará ese pago.
Según Fabiery Mercedes, abogada de la empresa, ha manifestado en declaraciones de prensa, ‘’que la SIE en menos de 4 meses le notificaron 6 formulaciones de cargos, en donde indican que las redes de la empresa están en condiciones deplorables, lo cual es una falacia, puesto que esas redes son prácticamente nuevas pues hace menos de dos años se reconstruyeron, posicionando a las redes de la empresa dentro de las mejores redes de las empresas distribuidoras de energía del país, lo cual había sido fiscalizado por la anterior administración de la Superintendencia de Electricidad y penosamente nos multan con 50 millones de pesos alegando que nuestras redes son deplorables’’.
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